Thelma Gómez Durán
El reconocimiento de los derechos de esta comunidad llegó acompañado de una nueva ola de homofobia y, a la vez, de un mar de denuncias por discriminación. De 2009 a 2010 se cuadruplicaron las quejas por rechazo social a este sector de la población, informa la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred)
Pablo y su pareja venden comida en una colonia de la ciudad de México. Sus ingresos comenzaron a caer después de que su vecina, también comerciante, emprendió una campaña para que la gente no comprara en el puesto de la pareja de homosexuales. “¡Tiene sida y es gay!”, gritaba la señora en cuanto un posible cliente se acercaba.
Al paso de los días, los insultos comenzaron a subir de tono. Ya no sólo ella gritaba. Sus dos hijos, menores de edad, se sumaron a la campaña para señalar la orientación sexual y el padecimiento de salud de Pablo.
Él decidió denunciar a la señora y a sus hijos por discriminación. Su caso llegó a la Unidad Especializada para la Atención a la comunidad Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, Transgénero, Travesti e Intersex (LGBTTTI), creada a finales del 2010 por la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF).
Esta unidad, que comenzó a funcionar el pasado 10 de enero, abrió una averiguación previa por el delito de discriminación. Hace unas semanas, el caso fue consignado ante un juez, quien deberá dictar sentencia. También se abrió un expediente por la conducta de los dos menores de edad, que se envió a la Fiscalía Especial para Menores.
El caso de Pablo es el primero que llegó a la etapa de consignación, de acuerdo con la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), a pesar de que, desde julio de 2002, la discriminación es considerada un delito en el Distrito Federal. El Artículo 206 del Código Penal del DF establece que “se impondrá de uno a tres años de prisión, o de 25 a 100 días de trabajo a favor de la comunidad y multa de 50 a 200 días” a quien discrimine por raza, edad, sexo, embarazo, orientación sexual, salud y otras.
No denuncian por temor
El caso de Pablo es “excepcional”, coinciden defensores de derechos humanos, sobre todo porque en México la discriminación no se denuncia.
“En el país tenemos más de una década de intenso trabajo en la defensa de derechos humanos y combate a la discriminación. Hemos logrado que se modifiquen normas, que existan leyes, que haya organismos. El problema es que los ciudadanos no nos sentimos sujetos de derecho. A la gente le cuesta trabajo denunciar la discriminación”, dice Antonio Medina, activista y coordinador de la agencia Notiese.
Antonio ha visto muchos casos en donde víctimas de discriminación no denuncian por el trato que reciben en los ministerios públicos. “Existe mucha burocracia y, en ocasiones, tratos humillantes. Cuando vas a denunciar no cabe en el imaginario de la burocracia que estés denunciando un acto de discriminación”, dice.
Y cuenta un caso: un estudiante de preparatoria habló a Notiese para pedir asesoría sobre servicios de apoyo sicológico. “Había sido golpeado por sus compañeros. Lo convencimos de ir a denunciar, pero se desanimó cuando el ministerio público le dijo: ‘¿Te pegaron? Pues, claro, por ser maricón’”.
El director de la recién creada unidad especializada de la PGJDF, Javier Gómez Bastida, dice que la dependencia “busca garantizar que las personas homosexuales tengan un trato digno para fomentar la cultura de la denuncia”.
Este abogado, quien es transexual, asegura que nunca ha sido discriminado. Aunque dice: “Tengo amigas transexuales y transgénero que han tenido problemas de discriminación, pero no quieren denunciar. No confían”.
El empoderamiento de la comunidad
2010 será recordado como un año en el que la comunidad homosexual de México conquistó el derecho al matrimonio. A la par, el rechazo social hacia las personas homosexuales fue mucho más abierto. Por lo menos, eso muestran los datos del Conapred, en donde las quejas por discriminación se cuadriplicaron en sólo un año.
En 2009, este organismo dio seguimiento a 39 procedimientos en donde se detectaron presuntos actos de discriminación hacia homosexuales; en 2010 la cifra aumentó a 166. Cerca del 60% de los casos se resolvieron por conciliación entre las partes.
El año pasado esta dependencia canalizó 53 expedientes de queja ante el Ministerio Público, por encontrar motivos suficientes para acreditar el delito de discriminación.
Las causas del rechazo social que encontró Conapred, explica Hilda Téllez Lino, directora general adjunta de quejas y reclamaciones, fueron por ser homosexual, por ser portador de VIH y por apariencia física, principalmente.
Téllez dice que el aumento de quejas podría obedecer a que el tema de los derechos de los homosexuales se colocó en la agenda pública y eso provocó “reacciones, para bien y para mal”.
¿La discriminación salió del closet? Antonio Medina lo observa así: “Cuando una sociedad habla del tema homosexual y cuando los gays conquistan derechos se golpea al conservadurismo y se detonan odios que han sido públicos y otros que se escondían”.
En los 166 procedimientos relacionados con discriminación hacia las personas homosexuales que en 2010 atendió la Conapred no se incluyen las casi 300 quejas que recibió el organismo en contra del conductor de televisión Esteban Arce, quien dijo que la homosexualidad era “algo anormal”.
La Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación buscó al conductor de televisión Esteban Arce, pero él “no quiso participar en el procedimiento conciliatorio”, explica Hilda Téllez.
Por este motivo, el organismo presentará un pronunciamiento en contra del conductor, en donde se expresará que el derecho a la libertad de expresión no puede pasar por encima de otros derechos.
Avances y retrocesos
En México, desde 2001 se reconoce en el Artículo 1 de la Constitución el derecho a la no discriminación de las personas. A partir de entonces se han dado avances para reconocer los derechos de grupos discriminados en el país, entre ellos los homosexuales.
En 2003 se aprobó la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. Sin embargo, sólo hay 16 leyes estatales sobre el tema. Y sólo en 13 entidades la discriminación es un delito.
Además, para muchos mexicanos discriminar no es un asunto grave. La Encuesta Nacional sobre Exclusión, Intolerancia y Violencia en las Escuelas de Educación Media Superior para el ciclo 2007-2008 indica: 54% de los estudiantes dijeron que rechazan a un compañero enfermo de sida, 52.8% a los no heterosexuales y 51.1% a quienes tienen capacidades diferentes.
En 2007, la encuesta Mitos y Preconcepciones sobre la Homosexualidad, realizada por Consulta Mitofsky, mostró que 59% de las personas consideran que ser homosexual es “un factor de riesgo”.
“La existencia de leyes por sí mismas no evita las prácticas discriminatorias; sin embargo, brindan el marco jurídico para exigir justicia”, dice Ricardo Hernández Forcada, director del programa de VIH-Sida de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
El Informe Especial sobre Violaciones a los Derechos Humanos y Delitos cometidos por Homofobia, presentado por la CNDH en 2010, señala que “en México existe un problema de discriminación en contra de la población LGBTTT, el cual de no atenderse oportuna y eficazmente pone en riesgo el sistema de libertades, la integridad y la protección de los derechos humanos de las personas”.
El estudio señala que la discriminación no abona en la construcción de una cultura de la legalidad y de respeto a los derechos humanos en México.
El informe concluye que los delitos por orientación sexual, identidad o expresión de género no son aislados y que “obedecen a patrones de conducta” , tales como prejuicios, aversiones y rechazos, “lo que refleja un problema estructural serio de intolerancia”.
La impunidad hacia estos delitos, se menciona en el informe, es un incentivo para que se sigan cometiendo actos de discriminación. Por ejemplo, de los más de 600 casos de crímenes por homofobia que han documentado las organizaciones de 1995 a 2009, “sólo en muy pocos, quizá menos de ocho, se ha encarcelado al responsable”, dice Antonio Medina.
Pablo, en tanto, espera la decisión del juez. Si se determina que la mujer es culpable del delito de discriminación, ella podría ser sentenciada a entre uno y tres años de prisión, o a entre 25 y 100 días de trabajo a favor de la comunidad, además de a una multa de 50 a 200 días de salario mínimo. Pablo también tiene la posibilidad de otorgarle el perdón a la señora que le gritaba: “¡Tiene sida y es gay!”.
Publicado el día 22 de febrero de 2011 en la página web del periódico El universal:http://www.eluniversal.com.mx/ciudad/105288.html