Por Antonio Medina Trejo *
En las últimas semanas hemos atestiguado en México cómo la jerarquía católica convoca a la feligresía a salir a las calles para defender el precepto religioso de la “Familia Natural” y rechazar la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN-43-2015) sobre la constitucionalidad de las uniones entre personas del mismo sexo y la posibilidad de éstas a adoptar infantes.
Las manifestaciones de Guadalajara, Veracruz, Durango, Yucatán y otros estado, han sido lideradas por jerarcas locales, sacerdotes y organizaciones religiosas que han usado el argumento de que las familias deben estar conformadas por parejas heterosexuales, es decir: hombre y mujer; y todo aquello que salga de ese esquema, como las relaciones entre personas del mismo sexo que han optado por la adopción, lo consideran anormal y culpan a quienes gobiernan por no defender el “orden natural” de la sociedad al aprobar leyes que permitan el matrimonio civil entre personas del mismo sexo.
En su resolución, la Corte fue contundente: “La ley de cualquier entidad federativa que, por un lado, considere que la finalidad de aquél (matrimonio) es la procreación y/o que lo defina como el que se celebra entre un hombre y una mujer, es inconstitucional”.
De ahí el enojo de quienes protestan, ya que no hay posibilidad de que la Corte retroceda en su decisión, por lo que las autoridades civiles de todos los estados deberán casar a las parejas del mismo sexo que tengan un amparo en mano. Los argumentos de la SCJN están fundamentados tanto legal como constitucionalmente, y se sostienen de la realidad social que viven las familias actuales en nuestro país.
Las personas y grupos que se han manifestado públicamente en contra de este avance, han usado a los niños y niñas como gancho para advertir a la sociedad del supuesto peligro que corren los infantes que vivan en familias homoparentales, sin dar argumentos racionales. Lo que se ha visto en las calles son los prejuicios culturales sobre la diversidad sexual y el reforzamiento del estigma anti homosexual que parte de una visión religiosa estrecha y heteronormativa sobre la diversidad humana.
Quienes han salido a las calles o quienes desde sus púlpitos mediáticos han lanzado consignas discriminatorias, prejuiciadas y homofóbicas, laceran los avances legislativos en nuestros país, principalmente en materia de derechos humanos, pues el artículo 1o de nuestra Carta Magna privilegia la no discriminación, entre otros motivos, por orientación sexual. Asimismo, los actos denostativos y consignas de la feligresía y los jerarcas, incitan al odio hacia las familias conformadas por parejas de dos hombres o dos mujeres y sus hijos e hijas.
Un suceso extremo ha sido la acusación y ofensas que recibió el ministro Luis María Aguilar por parte de jóvenes ultra conservadores en días pasados, quienes en un acto público, le reclamaron por la decisión mayoritaria de la Corte aduciendo que ésta se había vendido ante la “dictadura gay”. Le lanzaron billetes y lo increparon. Al final los jóvenes enardecidos amenazaron con emprender otras acciones.
No hay que olvidar que México en un país laico y que las movilizaciones que se han llevado a cabo han sido convocadas abiertamente por la jerarquía católica, violando con ello la separación entre la iglesia y el Estado que mandata nuestra Carta Magna. Desde luego que tienen derecho a tener una opinión contraria, pero no de violentar ni incitar al odio. De ahí que cualquier acto que atente contra miembros de las comunidad LGBT, será sin duda, responsabilidad de quienes están creando las condiciones para el odio social y actos criminales.
Ante estas circunstancias., sería deseable que el gobierno de México tomara cartas en el asunto y privilegiara el derecho de las familias homoparentales a la no discriminación, pues con ello sería congruente con las campañas en contra del boullying escolar y la no discriminación por preferencias sexuales que se han emprendido en algunas campañas y programas gubernamentales.
El gobierno mexicano haría muy bien en responder a las buenas intenciones que establece el decreto 21/03/2014 en el que el gobierno de la República reconoció el 17 de mayo como Día Nacional contra la Homofobia, en el cual se valoran los avances legislativos, políticos y culturales que México ha tenido en materia de respeto a la diversidad sexual y el reconocimiento de derechos hacia ese sector.
Las familias homoparentales son una realidad en México, como lo argumenta la Corte, que al emitir esa resolución le está dando un trato igualitario tanto a heterosexuales como a personas LGBTTTI; está reconociendo que el matrimonio no es exclusivo de personas heterosexuales y que México es un Estado laico en el que las familias conformadas por parejas del mismo sexo son parte del tejidos social, que al igual que las familias heterosexuales, forman parte del mosaico pluridiverso de la sociedad mexicana actual.
Fuente: AM Comunicación e Información (AMCeI) www.antoniomedina.com.mx @antoniomedina41